EDITORIAL
Patria Heredia
El caso que rodea al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) en la República Dominicana obliga a una reflexión profunda sobre la fragilidad de las instituciones públicas cuando la ambición personal y la deficiente supervisión estatal se imponen sobre el interés colectivo. SeNaSa no es una entidad cualquiera: es el principal garante del derecho a la salud de millones de Dominicanos, especialmente de los sectores más vulnerables.
Las denuncias e investigaciones que hoy lo colocan bajo el escrutinio público revelan un patrón preocupante. La codicia se manifiesta cuando la gestión de recursos destinados a la salud se desvía hacia prácticas opacas o beneficios particulares. La avaricia aparece cuando esas acciones no se corrigen a tiempo, sino que parecen normalizarse dentro de la estructura administrativa. Y la falta de supervisión estatal queda expuesta cuando los organismos de control actúan tarde o con tibieza.
El impacto de estos hechos trasciende lo administrativo. Cada irregularidad en SeNaSa pone en riesgo la confianza de los afiliados, debilita el sistema de seguridad social y amenaza la continuidad de servicios esenciales. Cuando la población duda de la integridad de su seguro de salud, se erosiona uno de los pilares fundamentales del Estado social.
Este caso también deja al descubierto un problema estructural: la debilidad de los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas. No basta con discursos de transparencia ni con promesas de investigación. Se requiere voluntad política real, auditorías independientes, sanciones ejemplares y reformas que impidan la repetición de estas prácticas.
La salud no puede ser un negocio ni un botín administrativo. SeNaSa debe volver a su razón de ser: servir al ciudadano con eficiencia, ética y responsabilidad. Si el Estado no asume con firmeza su rol supervisor, estos casos dejarán de ser excepciones y se convertirán en una constante que la sociedad terminará pagando con su bienestar.
Defender la salud pública es defender la dignidad de la nación. Y eso comienza con instituciones limpias, vigiladas y verdaderamente comprometidas con el bien común.
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