Por: Rebeca Henríquez 

La Fundación Derechos Humanos Global manifiesta su seria preocupación ante la notable disparidad en las condenas por homicidio en San Francisco de Macorís. Las penas significativamente más bajas en esta provincia en comparación con otras regiones del país plantean interrogantes sobre la equidad y la eficacia del sistema judicial.

El derecho a la vida es uno de los derechos más importante y su violación representa un irrespeto no solo para las víctimas, sino también para sus familias. Es alarmante que se impongan condenas de 10 a 15 años por homicidio, mientras que por el robo de un celular  en San Francisco de Macorís condenaron un ciudadano a 10 años. Está  inconsistencia en la aplicación de la ley no solo compromete la justicia, sino que también fomenta un clima de impunidad que puede agravar la inseguridad en la comunidad.


Es fundamental que los jueces ejerzan su responsabilidad con rigor y objetividad, garantizando que las sanciones impuestas sean justas y proporcionales al delito cometido.

Abogar por una aplicación uniforme de la ley es esencial para restaurar la confianza pública en las instituciones y asegurar que todos los ciudadanos, sin importar su ubicación, tengan acceso a un sistema judicial que respete y proteja sus derechos. La Fundación Derechos Humanos Global llama a las autoridades competentes a tomar medidas decisivas para abordar esta problemática y promover un entorno de justicia y seguridad para todos.