Una reflexión desde la experiencia de más de 25 años en materia electoral
Por: Mtro. Nelson Vargas
Después de más de 25 años estudiando y participando en los asuntos electorales de la República Dominicana, y desde la experiencia que me correspondió desempeñar como primer secretario de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, considero necesario formular una reflexión pública sobre un fenómeno que, a mi juicio, merece la atención de los partidos políticos, de la Junta Central Electoral y de toda la sociedad dominicana:
la campaña electoral adelantada y la promoción prematura de precandidaturas tienen un elevado costo económico, político e institucional.
No se trata únicamente de determinar si una determinada actividad constituye o no una violación de la legislación electoral. El problema es más amplio: debemos preguntarnos cuánto le cuesta al país mantener durante años una competencia política que legalmente tiene períodos determinados.
Y, sobre todo, debemos preguntarnos quién termina pagando ese costo.
La ley establece períodos, no una campaña permanente
La Ley No. 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, estableció un régimen de precampaña y límites al gasto de los aspirantes.
Para el proceso electoral de 2028, el calendario electoral de la JCE establece el 4 de julio de 2027 como fecha de inicio de la precampaña.
Esto significa que debemos distinguir entre una actividad política legítima —reuniones partidarias, organización interna, exposición de ideas, actividades propias de la vida de los partidos— y una actividad que, por su naturaleza, finalidad, intensidad y contenido, pueda constituir promoción anticipada de una candidatura.
No afirmo que toda actividad política realizada antes del 4 de julio de 2027 sea ilegal.
Afirmo que corresponde a la autoridad electoral establecer criterios claros y fiscalizar aquellas actividades que, por sus características, puedan convertirse en una precampaña de hecho antes del período legalmente establecido.
Esa distinción es fundamental para un debate serio.
¿Cuánto dinero puede costar una precampaña?
La experiencia dominicana ofrece datos que deberían preocuparnos.
En 2019, durante las primarias simultáneas, la Junta Central Electoral comenzó a recibir informes de ingresos y gastos de los precandidatos.
Al 20 de septiembre de ese año, Gonzalo Castillo había declarado gastos por RD$269.68 millones, mientras Leonel Fernández había declarado RD$177.29 millones.
En el PRM, Luis Abinader reportó RD$43.30 millones, mientras Hipólito Mejía había reportado aproximadamente RD$4.03 millones y Ramón Burgos RD$9.70 millones. (Junta Central Electoral)
El dato fue recogido por Listín Diario, que informó que los precandidatos del PLD y el PRM habían reportado conjuntamente aproximadamente RD$521.28 millones de gastos, frente a unos RD$607.47 millones de ingresos declarados. (Listín Diario)
Y aquí aparece una cuestión que merece ser analizada:
esas cifras correspondían todavía a una etapa de la precampaña.
Posteriormente, al concluir las primarias, Listín Diario informó que cuatro de los principales precandidatos —Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Luis Abinader e Hipólito Mejía— habían reportado conjuntamente aproximadamente RD$866.5 millones en gastos durante ese proceso.
Castillo reportó aproximadamente RD$418.4 millones y Fernández unos RD$293 millones. (Listín Diario)
Es decir:
Una sola precampaña presidencial puede movilizar cientos de millones de pesos.
Un dato que debería llamar nuestra atención
Hay otro dato especialmente revelador.
Según Listín Diario, Gonzalo Castillo había invertido más de RD$269 millones en apenas 52 días desde el anuncio de su aspiración hasta el momento del informe.
Eso equivalía, según el periódico, a un promedio superior a RD$5 millones diarios. (Listín Diario)
No estamos hablando de una elección nacional completa.
Estamos hablando de una competencia interna partidaria.
Y esto demuestra la magnitud económica que puede adquirir una carrera por una candidatura presidencial.
¿En qué se gastan esos recursos?
Los informes también permiten identificar los principales componentes de ese gasto.
En el caso de Leonel Fernández, por ejemplo, Listín Diario publicó que hasta el 20 de septiembre de 2019 había declarado:
* RD$63.0 millones en eventos generales;
* RD$38.0 millones en publicidad y propaganda;
* RD$12.3 millones en estudios e investigaciones;
* RD$12.0 millones en transporte terrestre;
* RD$7.18 millones en acabados textiles;
* RD$5.3 millones en impresión y encuadernación;
* RD$4.8 millones en capacitación;
* RD$3.7 millones en artes gráficas. (Listín Diario)
Esto nos permite entender que una precampaña moderna no se limita a colocar anuncios.
Implica estructura, eventos, transporte, publicidad, estudios, impresión, logística, personal y movilización territorial.
Mientras más tiempo dure esa competencia, mayor será naturalmente la necesidad de financiarla.
El costo no termina en la precampaña
El verdadero problema aparece cuando sumamos la precampaña con la campaña electoral.
En las elecciones de 2020, Diario Libre informó que entre el 17 de marzo y el 15 de junio, el PRM, el PLD y Fuerza del Pueblo habían reportado conjuntamente gastos por aproximadamente RD$1,114 millones.
La distribución publicada fue:
Organización
Gasto reportado
PRM
RD$522.24 millones
PLD
RD$468.00 millones
Fuerza del Pueblo
RD$123.76 millones
Total
RD$1,114.00 millones aprox.
Es importante aclarar que estas cifras corresponden al período y al reporte señalado por el periódico; no deben confundirse con el gasto total definitivo de todas las candidaturas de esos partidos durante todo el proceso electoral.
La precisión metodológica es indispensable cuando hablamos de dinero electoral.
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Las elecciones de 2024: una nueva referencia
La elección presidencial de 2024 permite observar nuevamente la dimensión económica del fenómeno.
Según los informes presentados ante la JCE y publicados por Listín Diario, Luis Abinader reportó gastos de aproximadamente RD$777.6 millones. (Listín Diario)
Diario Libre informó que Leonel Fernández reportó aproximadamente RD$375.68 millones. (Diario Libre)
Y Listín Diario reportó que Abel Martínez declaró aproximadamente RD$450.23 millones. (Listín Diario)
Por tanto, solamente estos tres proyectos presidenciales reportaron conjuntamente aproximadamente:
RD$1,603 millones.
Y todavía faltaría considerar los demás candidatos presidenciales, las candidaturas congresuales y municipales y otros gastos de las organizaciones políticas.
También existe un costo publicitario que puede medirse
Participación Ciudadana, mediante monitoreo de Publimonitor, también ha permitido observar el comportamiento del gasto publicitario.
En abril de 2024, el monitoreo citado por Diario Libre registró aproximadamente:
* PRM: RD$107.9 millones;
* Fuerza del Pueblo: RD$76.5 millones;
* PRSC: RD$49.9 millones;
* PLD: RD$31.0 millones;
* PRD: RD$10.9 millones;
* FNP: RD$4.5 millones.
Los seis partidos acumularon aproximadamente RD$280.8 millones en publicidad de radio, televisión y prensa durante ese mes monitoreado. (Diario Libre)
Nuevamente, hago la precisión académica:
esto es gasto publicitario monitoreado, no necesariamente el gasto electoral total de cada organización.
Pero sirve para demostrar la magnitud económica de la competencia.
Ya en 2012 se observaba una fuerte diferencia en publicidad
La experiencia tampoco es nueva.
En enero de 2012, el monitoreo de Publimonitor utilizado por Participación Ciudadana registró RD$58.81 millones en publicidad electoral en radio, televisión y prensa.
El PLD y sus aliados concentraron aproximadamente RD$41 millones, mientras el PRD registró unos RD$11.9 millones. (Participación Ciudadana)
Esto nos permite observar una tendencia histórica: la publicidad política ha constituido desde hace años una parte importante del costo de la competencia electoral dominicana.
Pero también debemos ser cuidadosos: un monitoreo publicitario no equivale a una auditoría completa del gasto electoral.
El problema de las campañas adelantadas
Aquí es donde considero que debemos hacer una reflexión de fondo.
Si la precampaña legal tiene una fecha de inicio, pero los aspirantes comienzan mucho antes a construir estructuras electorales, organizar actividades, realizar promoción personal, movilizar simpatizantes y desarrollar estrategias permanentes de comunicación política, el costo real de llegar a una candidatura puede comenzar a acumularse mucho antes del período formal de precampaña.
Y mientras más larga sea la competencia:
más tiempo → más actividades → más estructura → más publicidad → más movilización → más dinero.
Por eso sostengo que la campaña electoral permanente es económicamente perjudicial.
¿Quién puede financiar esa carrera?
Esta es quizás la pregunta más importante.
Los partidos políticos reciben recursos públicos.
Los candidatos y organizaciones también reciben aportes privados, contribuciones de dirigentes, simpatizantes y actividades de recaudación.
En el caso de Leonel Fernández, por ejemplo, Diario Libre publicó que su campaña de 2024 reportó ingresos provenientes de fondos estatales, donaciones privadas, aportes de dirigentes y simpatizantes, eventos de recaudación, venta de productos promocionales y otros conceptos. (Diario Libre)
Esto demuestra que el financiamiento electoral tiene múltiples fuentes.
Por ello, la transparencia no puede limitarse a conocer cuánto se gastó.
También necesitamos conocer:
¿Quién aportó?
¿Cuánto aportó?
¿Cuándo lo aportó?
¿A qué candidatura?
¿En qué se gastó?
¿Qué mecanismos existen para comprobar que lo declarado corresponde con lo realmente gastado?
Estas preguntas son esenciales para preservar la confianza pública.
No podemos pedir transparencia solamente después de perder
Existe otra práctica política que debemos superar.
Después de una elección, cuando un candidato o partido obtiene un resultado desfavorable, con frecuencia aparecen explicaciones relacionadas con el dinero utilizado por otros competidores.
Pero la transparencia no debe comenzar después de la derrota.
Debe comenzar antes de la competencia.
Si un aspirante ha gastado durante meses o años en promoción política, debe existir una trazabilidad suficiente de esos recursos.
Y si un partido permite que sus aspirantes realicen una campaña prácticamente permanente antes de la fecha legal de la precampaña, también debe asumir su responsabilidad institucional.
El caso del partido de gobierno
Esta preocupación adquiere una dimensión especial cuando se trata del partido que ejerce el Gobierno.
Una actividad política permanente de los funcionarios y dirigentes gubernamentales puede generar una interferencia entre:
la función pública y la actividad político-electoral.
No corresponde afirmar automáticamente que toda actividad política de un funcionario constituye una violación de la ley.
Pero sí corresponde preguntar:
¿Cuánto tiempo deben dedicar los funcionarios públicos a la competencia electoral cuando todavía no ha comenzado formalmente la precampaña?
El país necesita que el Gobierno gobierne.
Los partidos deben organizarse.
Y los aspirantes deben respetar los períodos electorales.
Cada actividad debe tener su espacio institucional.
La responsabilidad de la JCE y de los partidos
La responsabilidad no es únicamente de la Junta Central Electoral.
También corresponde a las direcciones nacionales de los partidos políticos.
Las organizaciones políticas deben ser las primeras interesadas en impedir que la competencia interna se convierta en una carrera económica sin límites.
La JCE, por su parte, debe continuar fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y establecer criterios claros sobre las actividades de promoción política realizadas antes del período formal.
Este punto resulta todavía más importante porque la fiscalización de los recursos partidarios enfrenta limitaciones institucionales.
Una investigación publicada por Diario Libre en junio de 2026 señaló que la unidad de fiscalización de la JCE está limitada principalmente a la recepción y revisión de informes, mientras que las auditorías corresponden a la Cámara de Cuentas; el mismo trabajo señaló que no se publican auditorías a partidos desde 2017. (Diario Libre)
Este es un tema que merece una discusión nacional.
Una propuesta desde la experiencia electoral
Desde mi experiencia y conocimiento de la materia electoral, considero necesario que se adopten, entre otras, las siguientes medidas:
1. Definir claramente qué constituye promoción anticipada
La JCE debe establecer criterios objetivos que permitan distinguir la actividad política ordinaria de una verdadera promoción de precandidatura.
2. Fortalecer la fiscalización
No basta con recibir informes.
Es necesario fortalecer la capacidad de comprobar documentalmente los ingresos y gastos declarados.
3. Transparentar los aportes privados
Toda contribución significativa debe poder ser identificada, documentada y trazada.
4. Responsabilizar a los partidos
Las direcciones políticas no pueden limitarse a observar pasivamente la competencia de sus aspirantes.
5. Evitar la campaña permanente
La democracia necesita competencia, pero también necesita períodos de descanso institucional.
6. Publicar información comparable
Los informes deberían permitir que cualquier ciudadano pueda comparar fácilmente:
ingresos + origen de los recursos + gastos + concepto del gasto + candidatura + período.
Una advertencia para 2027 y 2028
Si no actuamos oportunamente, podemos llegar al año 2027 con una competencia presidencial prácticamente instalada desde mucho antes del comienzo formal de la precampaña.
Y si eso ocurre, tendremos una situación paradójica:
una precampaña legalmente limitada en el tiempo, pero políticamente extendida durante años.
Eso significa más gastos, más presión económica, más dependencia de financiamiento privado y mayor dificultad para fiscalizar el verdadero costo de la competencia.
Por eso la discusión debe comenzar ahora.
No cuando empiecen oficialmente las primarias.
No cuando aparezcan las vallas.
No cuando comiencen las caravanas.
Conclusión
Los datos disponibles permiten afirmar algo sin necesidad de exageraciones:
la competencia electoral dominicana mueve enormes cantidades de dinero.
En 2019, los principales precandidatos presidenciales de las primarias movilizaron cientos de millones de pesos y cuatro de ellos reportaron aproximadamente RD$866.5 millones en gastos durante ese proceso. (Listín Diario)
En 2020, PRM, PLD y Fuerza del Pueblo reportaron más de RD$1,113 millones solamente en el período analizado por Diario Libre. (Diario Libre)
En 2024, los tres principales proyectos presidenciales reportaron conjuntamente aproximadamente RD$1,603 millones en gastos. (Listín Diario)
Y estos números no incluyen todo el universo del gasto electoral nacional.
Por ello, mi preocupación no es contra un partido determinado.
Es una preocupación por el sistema electoral dominicano.
PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD y todas las demás organizaciones políticas tienen derecho a competir dentro de las reglas democráticas.
Pero precisamente porque la democracia tiene reglas, debemos respetar los períodos establecidos.
No podemos convertir la República Dominicana en una campaña electoral permanente.
Una democracia saludable no se mide solamente por la cantidad de personas que participan en una elección.
También se mide por la equidad de la competencia, la transparencia del financiamiento, el respeto a la ley y la capacidad de las instituciones para controlar el dinero que interviene en la política.
Como estudioso de la materia electoral y desde la experiencia que me ha correspondido acumular durante más de 25 años, hago un llamado respetuoso a las direcciones de todos los partidos políticos y a la Junta Central Electoral:
No esperemos al 2027 para comenzar a discutir este problema.
La prevención también es una forma de fortalecer la democracia.
Mtro. Nelson Vargas
Especialista en materia electoral
Ex primer secretario de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral
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